La solicitud de actuación que Abogados Contra la Corrupción depositó el pasado viernes 8 de Febrero en el Síndic de Greuges, la Oficina Antifraude de Catalunya y el propio Parlament de Catalunya en representación de 7 familias afectadas por más que probables falsos desamparos de los Servicios Sociales es un hecho histórico y sin precedentes.
No se trata solo esta vez de denunciar comportamientos ilícitos de la Administración que atentan contra derechos fundamentales de los padres y de los menores, que manipulan informes para falsificarlos e incurren en delito de falsificación de documento público para justificar así desamparos injustificables y de que, en muchos casos, incumplen su propio protocolo de actuación en la protección al menor.
Esta vez se trata de poner en cuestión todo el sistema de Servicios Sociales del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, donde por cierto el Gobierno catalán aquí si que es uña y carne con el Gobierno Español de turno, encubriéndose unos a otros de forma indecente y descarada, y de dudar con conocimiento real de las prácticas y la supuesta tutela y cuidados que se realizan en diversos centros de menores de toda la geografía española.
Se trata no solo de modificar legislaciones del menor nefastas que todavía dejan al menor afectado más desamparado de lo que supuestamente estaba, en peores condiciones que un recluso y totalmente separado del contacto de su familia biológica, sin buscar soluciones alternativas y no traumáticas en aquellos casos que es posible y necesario.
Se trata asimismo de denunciar que la motivación real de este despropósito que vulnera derechos, se salta la tutela judicial efectiva y en muchos casos decide desamparos sin prueba alguna de su necesidad y sin la intervención judicial exigida es el inmenso negocio de miles de millones de euros de la tutela de menores financiado por la UE y la ONU y del que chupan Administraciones, sistema judicial, psicólogos, políticos, etc,etc,etc.
Toda esta corrupción política, prevaricación administrativa y judicial está provocando la destrucción de millones de familias si añadimos los efectos perversos, contraproducentes y contradictorios con el propio relato que venden de proteger supuestamente a mujeres maltratadas por sus parejas con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y su endurecimiento posterior con los decretos también prevaricadores del gobierno de Pedro Sanchez de Agosto y Diciembre de 2018.
Todo ello contribuye a que la posibilidad de que tales falsos desamparos aumenten considerablemente en los próximos meses y años si no impedimos este gran escándalo derivado de la corrupción sistémica del sistema político español (y catalán) que cada día que pasa es más dificil de negar y ocultar a la opinión pública.
En este contexto tan distópico y desagradable se entiende que muchos padres afectados injustamente por la LIVG se decanten en el próximo ciclo electoral por opciones políticas como VOX, cuyos argumentos en otras cuestiones son claramente de odio al distinto y de una coherencia inexistente pero que en estas cuestiones de género y familia no tragan con el pensamiento único del nuevo orden mundial.
Es por ello que una propuesta de solicitud de intervención de la DGAIA si no se atiene a revisar todos los más que probables falsos desamparos realizados en los últimos años, todos los juicios amañados por una Justicia que no es digna de ese nombre salvo honrosas y mínimas excepciones y unos partidos políticos que prefieren financiarse con el dolor ajeno que con las cuotas de sus afiliados es histórica, donde por primera vez madres afectadas por separación traumática de sus pequeños tras verdadero maltrato de sus ya exparejas, un padre afectado por denuncia falsa y pura corrupción política y judicial y un activista defensor de la custodia compartida y la mediación intrafamiliar preventiva se han unido para pedir lo mismo.
Eso es malo para este sistema corrupto y podrido y por ello intentan censurar lo evidente: si quienes deben garantizar el cumplimiento de la Ley lo que realmente hacen es garantizar la impunidad tras su incumplimiento y la persecución de testigos y víctimas de sus actos infames, esto significa que debemos echarles de las Instituciones, crear controles democráticos reales y verificables para evitar nuevas prácticas corruptas, garantizar la separación de poderes y enviar al paro y/o a la cárcel a aquellos funcionarios y políticos que con sus decisiones injustas han `provocado este horror en pleno siglo XXI.
Y de forma urgente.
Por último y para finalizar, deciros que la semana pasada el Parlament de Catalunya suspendió la comisión de investigación de la DGAIA v el pleno previsto porque había un juicio en Madrid, pero no suspendió sus infames decisiones y su complicidad total en ocultar los hechos denunciados; y que la Oficina Antifrau nos indicó que el nuestro es el cuarto expediente contra la DGAIA por corrupción demostrable que llega a sus manos.
Así que si estamos de acuerdo con esto que os explicamos difunde, comparte y por favor, deja de votar a partidos corruptos YA. Si no os gustan las alternativas que os proponemos siempre es mejor quedarte en casita o salir al parque con tus hijos, si tienes la gran suerte de tenerlos contigo todavía.
Por nuestra parte, seguiremos apoyando la creación de Equipos de Protección al Menor en cada CCAA por parte de ACC, la exigencia de responsabilidades políticas a PP, PSOE, CIU, ERC o cualquier organización política que promueva esta gran farsa de la protección al menor e incluiremos en nuestro programa electoral municipal la necesidad de eliminar el actual y nefasto Sistema de Servicios Sociales por un nuevo sistema integral, inclusivo y ético de cuidados a dependientes ( menores, abuelos y discapacitados).
